Se trata de una iniciativa del jefe comunal Miguel Abella para generar un acercamiento de la población a la intendencia, con el objetivo de ajustarse a la normativa, buscar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los cometidos del control edilicio y del ordenamiento territorial.
El decreto que abarca obras existentes al 31 de diciembre de 2025, tiene por finalidad la regularización de obras que carecen de permisos de construcción o que lo solicitaron y luego realizaron ampliaciones fuera de esa autorización.
También prevé beneficios en los valores de las tasas a abonar para el trámite de regularización.
Aquellas personas que soliciten ampararse a esta normativa, en caso de tener el padrón un gravamen de impuestos de edificación inapropiada, se suspende hasta lograr la regularización definitiva.
Asimismo existen beneficios adicionales para regularizaciones por viviendas sociales, instrumentándose la posibilidad para que aquellos gestionantes que no puedan acceder a contratar un arquitecto privado, acudan a los servicios de un arquitecto de oficio, lo que es evaluado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial.
A su vez, se crea una comisión asesora que dentro de los cometidos tiene el estudio de poseedores y otros legitimados que puedan hacer la gestión de regularización.
El trámite se puede iniciar a través de la Dirección de Administración Documental o en los municipios a los efectos de que pase a la Dirección de Control Edilicio de la IDM.
Resolución completa en el archivo adjunto.